En el Boletín Oficial no 490 del 17 de mayo de 2022 ha sido publicada la Ley no 139/2022 para la aprobación de la Ordenanza de Urgencia del Gobierno no 120/2021 sobre el mecanismo de adopción y funcionamiento del sistema RO e-Factura y la factura electrónica en Rumanía.

A partir del 1 de julio de 2022, los operadores económicos establecidos en Rumanía tendrán la obligación, en la relación B2G (Business to Government - la relación entre un operador económico y las autoridades públicas), de emitir facturas electrónicas y enviarlas a través del sistema nacional de facturación electrónica RO e-Factura.

Asimismo, los operadores económicos inscritos en el Registro RO e-Factura que no cuentan con una aplicación de conversión, podrán utilizar la aplicación informática facilitada por el Ministerio de Hacienda, a través del Centro Nacional de Información Financiera, en el momento de la operacionalización del sistema nacional de facturación electrónica RO e-Factura.

Al mismo tiempo, para la facturación en la relación B2B, Rumanía ha solicitado la aplicación de una excepción a las disposiciones de determinados artículos de la Directiva IVA relativos a la facturación. Dentro de los 30 días siguientes a la autorización de la excepción, a través de la Orden de ANAF se definirán las categorías de operadores económicos establecidos en Rumanía que tendrán la obligación de emitir facturas electrónicas en la relación B2B y enviarlas a través del sistema nacional de facturación electrónica RO e-Factura, así como la fecha a partir de la cual nacerá esta obligación.

Le recordamos que, para los productos de alto riesgo fiscal, comercializados en la relación B2B, los proveedores tendrán la obligación de enviar las facturas en el sistema RO e-Factura a partir del 1 de julio de 2022.

En el Boletín Oficial no 476 del 12 de mayo de 2022 ha sido publicada la Ordenanza de urgencia no 66/2022 para la complementación de la Ley no 16/2017 sobre el desplazamiento de los trabajadores en el marco de la prestación de servicios transnacionales.

En el caso de las empresas establecidas en Rumanía que se encuentran en una relación de subcontratación, el contratista tendrá responsabilidad solidaria con su subcontratista para los derechos salariales netos restantes del empleado del subcontratista correspondientes al salario base bruto mínimo por país.

La responsabilidad se refiere únicamente a la parte del salario correspondiente a la actividad realizada por el empleado del subcontratista en el marco de la relación contractual entre el contratista y el subcontratista directo. Sin embargo, el contratista no será considerado responsable en el caso de que haya cumplido con sus obligaciones contractuales pendientes con su subcontratista.

Esta disposición se aplicará a las actividades del campo de la construcción relacionadas con la construcción, reparación, mantenimiento, modificación o demolición de edificios y surtirá efectos para los contratos celebrados después de la fecha de entrada en vigor de la presente OUG.

En el Boletín Oficial no 517 del 26 de mayo de 2022 ha sido publicada la Orden de ANAF no 1000 relativa a la aprobación de los procedimientos de cancelación de las obligaciones tributarias objeto de las disposiciones del art. I de la Ley no 72/2022 para la cancelación de algunas obligaciones tributarias y para la modificación de algunos actos normativos.

De acuerdo con la Ley no 72/2022, se cancelarán las diferencias de obligaciones tributarias principales y/o de obligaciones tributarias accesorias, establecidas por el órgano fiscal mediante resolución tributaria emitida y comunicada al contribuyente, como consecuencia de la calificación posterior por parte del órgano fiscal de las cantidades representativas de indemnizaciones o cualquier otras cantidades de la misma naturaleza, recibidas durante la delegación, el desplazamiento o el desarrollo de la actividad en el territorio de otro país, por empleados de los empleadores rumanos que han desarrollado su actividad en el territorio de otro país, correspondientes a los períodos fiscales comprendidos entre el 1 de julio de 2015 y la fecha de entrada en vigor de la presente ley, y no abonadas.

La presente orden establece los procedimientos para la elaboración y la transmisión por la estructura de inspección tributaria de la lista de obligaciones tributarias que pueden ser objeto de cancelación, así como para la emisión de la resolución de cancelación de las obligaciones tributarias.

Algunos aspectos importantes de la presente Orden son:

• El departamento de especialidad verifica en los registros tributarios la existencia de obligaciones tributarias pendientes que son objeto de cancelación en el presente caso. Todas estas se incluirán en una lista presentada al director del órgano fiscal y serán canceladas de oficio.

• En caso de comprobar la existencia de obligaciones tributarias que puedan ser objeto de cancelación conforme a la Ley no 72/2022, que ya han sido extinguidas por los contribuyentes mediante pago, compensación, ejecución forzosa, dación en pago y otras modalidades expresamente previstas por la ley, las cantidades en cuestión serán devueltas a los contribuyentes, a petición de los mismos. Por lo tanto, es importante que los contribuyentes verifiquen este aspecto, con el fin de analizar la necesidad de presentar solicitudes de cancelación.